Los tres casos mencionados a continuación ocurrieron hace más de 6 años y aún no ha habido respuesta por parte de México sobre el paradero de las víctimas.  

Christian Téllez Padilla, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad del Golfo de México, fue detenido el 20 de octubre de 2010 por integrantes de la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán en el estado de Veracruz. En dos patrullas, una blanca tipo sedán y una negra tipo pick up, sorprendieron a Christian, quien viajaba en su automóvil. Sin mediar palabras,  los policías rodearon su auto, le apuntaron con armas de fuego, lo bajaron a golpes, lo subieron a la pick up y desde entonces está desaparecido.

Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, está desaparecido desde el 8 de julio de 2011, cuando se encontraba de vacaciones en Chacahua, Oaxaca. La Procuraduría del Estado de Oaxaca determinó el delito como robo y homicidio, en el marco de una serie de irregularidades de la actuación de los funcionarios públicos, que incluyó la construcción de una verdad histórica sobre la muerte del joven sin que existan pruebas al respecto.

El señor Víctor Manuel Guajardo Rivas está desaparecido desde el 10 de julio de 2013, después de que agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM), ambos de la policía de élite del estado de Coahuila, entraran violentamente en su casa y se lo llevaran detenido. 

Después de múltiples denuncias ante las autoridades ministeriales estatales y federales, y la omisión y negligencia de las mismas, IDHEAS y las familias de los jovenes recurrieron ante Naciones Unidas, alegando la violación de diversos derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Gracias al trabajo de litigio de IDHEAS y en relación con las comunicaciones presentadas por la organización en representación de los familiares de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno y Víctor Manuel Guajardo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró como culpable al Estado mexicano de desaparición forzada a través de tres dictámenes históricos. 

• El 5 de agosto de 2019  el organismo de Naciones Unidas consideró que “el Estado mexicano no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla. Por consiguiente, señala que los hechos del presente constituyen una desaparición forzada”. Además, recalcó que a nueve años de la desaparición de Christian, las investigaciones se han “dilatado excesivamente”, sin que el Estado mexicano justifique dicho retraso. 

El Comité declaró al Estado mexicano responsable de múltiples violaciones a los derechos de  Christian, a saber: el derecho a un recurso efectivo, derecho a la vida, prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, derecho a la libertad y a la seguridad y reconocimiento de la personalidad jurídica.

En este sentido, el Comité ordenó al Estado mexicano dar con su paradero, investigar, sancionar y reparar de forma integral a las víctimas, además de que se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos como estos se repitan.

Más información: https://www.idheas.org.mx/casos-derechos-humanos/desaparicion-forzada-y-de-particulares/christian-tellez-padilla/

Conoce el dictamen: https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/materiales-consulta-idheas/christian-tellez-padilla-2/ 

• Tres meses después, el 5 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano violó los derechos de Jesús Israel Moreno Pérez y los de sus familiares, al incumplir con los artículos 6, párrafo 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este dictamen sienta un precedente a nivel internacional ya que por primera vez el Comité señaló de manera explícita que la investigación efectiva debe ser considerada como una obligación inherente del derecho a la vida. 

En el caso de Jesús Israel, desde el momento en que las autoridades tuvieron conocimiento de su desaparición, omitieron su búsqueda inmediata, basaron la investigación en testimonios contradictorios, alteraron y fabricaron pruebas para desviar la investigación, creando las condiciones que pusieron en riesgo su vida. El Comité expresó que el deber de los Estados partes del Pacto de proteger el derecho a la vida exige que deban no solamente evitar la privación de la vida, sino también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral. 

El organismo de Naciones Unidas también acreditó violación a los derechos de los familiares de Jesús Israel debido a que las serias falencias y obstrucciones en la investigación de la desaparición, así como el cierre prematuro del caso por parte de las autoridades de la fiscalía de Oaxaca (antes procuraduría), han causado a sus familiares un gran sufrimiento que se agrega a la pérdida de su ser querido, y que la continua incertidumbre resultante de la desaparición les causa angustia, estrés y mutilación de la vida. Además de las amenazas que recibió el padre de Jesús Israel por su participación en la investigación.  

Como medidas de reparación, el Comité solicitó al Estado mexicano: llevar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente sobre las circunstancias de la desaparición de Jesús Israel, orientada al establecimiento de la verdad; proporcionar a sus familiares información detallada sobre los resultados de la investigación; procesar y sancionar a las personas halladas responsables de la desaparición de Jesús Israel; y divulgar los resultados de estas actuaciones; investigar y sancionar cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización; en el supuesto de que Jesús Israel haya fallecido, localizar sus restos y entregarlos a sus familiares en condiciones dignas; conceder a sus familiares una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas; adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro. 

Más información: https://www.idheas.org.mx/casos-derechos-humanos/desaparicion-forzada-y-de-particulares/jesus-israel-moreno-perez/ 

Conoce el dictamen: https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/materiales-consulta-idheas/ccpr-c127-d-2760-2016/ 

• Finalmente, el 10 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos adoptó un dictamen en el que declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas y la consecuente violación de varios de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que han transcurrido más de seis años desde la desaparición del señor Guajardo Rivas y desde las denuncias presentadas por sus familiares sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores de la desaparición hayan avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano haya justificado ese retraso.

De igual forma, el Comité ordenó al Estado llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente sobre las circunstancias de la desaparición del señor Guajardo Rivas; ponerlo en libertad de manera inmediata, en caso de que siga recluido en régimen de incomunicación; en el supuesto de que el señor Guajardo Rivas haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares en condiciones dignas; investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización; procesar y sancionar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los resultados de esas actuaciones; y conceder a los familiares, así como al señor Guajardo Rivas en caso de seguir con vida, una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas. 

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos señaló que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro, “entre las cuales deberá incluirse un registro de todas las personas detenidas”.

Más información: https://www.idheas.org.mx/casos-derechos-humanos/desaparicion-forzada-y-de-particulares/victor-manuel-guajardo-rivas/ 

Conoce el dictamen: https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/materiales-consulta-idheas/pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-politicos/ 

Estos tres dictámenes sientan un precedente y siembran esperanza en que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los jóvenes y de las más de 79 mil personas desaparecidas en México.